A criterio del Grupo Alberdi, las denuncias sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) forman parte de la "corrupción institucional y corrupción a secas" del Gobierno.
Los integrantes del espacio de intelectuales Teresa Piossek Prebisch, Elsa MargaritaMoreno, Clímaco Juan Gastón de la Peña, Alfredo Bolsi y Alfredo Poliche vincularon las denuncias sobre el manejo de la DAU con la concesión del ex hotel Savoy a una empresa privada. "En las últimas semanas se hicieron públicas las irregularidades cometidas en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, dependiente del Poder Ejecutivo. Nos hemos enterado de las severas observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas al proyecto de contratación entre la Caja Popular de Ahorros y la firma usuaria del edificio del ex Hotel Savoy, durante medio siglo, aproximadamente. Sin embargo, no han habido objeciones sobre esto que constituye una máxima infracción de la ley orgánica de la institución que, aparentemente, celebraba el contrato", expresaron. "Decimos aparentemente, porque quien de hecho contrató fue el titular del Poder Ejecutivo violando, así, la ley orgánica de la Caja Popular de Ahorros cuya ley orgánica establece que su administración está reservada a un directorio designado al efecto, norma que no se cumplió puesto que la institución se mantiene intervenida. Es decir que el Poder Ejecutivo ha usurpado, a través de un interventor, funciones que le estaban y están vedadas por la ley ya que no sabemos que se haya derogado la ley orgánica de la institución. Si sabemos que se usó el nombre de la institución para celebrar el contrato por un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo", expresaron los profesionales.
"Lo sucedido es sólo una de las formas que ha adquirido la corrupción institucional derivada del ejercicio por el Poder Ejecutivo, de atribuciones que le están constitucionalmente vedada", objetó el Grupo Alberdi.